Algunos apuntes sobre la editorial del Gara:
“Dos premisas para una transición innegociable"
El editorial del Gara "Dos premisas para una transición innegociable" convierte éstas en una aceptación acrítica del actual modelo socioeconómico. La implantación de macroproyectos renovables supone simplificar un debate que, precisamente por su trascendencia, merece mucha más profundidad.
Quienes defendemos nuestro patrimonio natural y un mundo justo, no podemos simplemente cuestionar la necesidad de abandonar los combustibles fósiles. Lo que cuestionamos es que se pretenda presentar como inevitable un modelo industrial, económico y social que reproduce los mismos errores del sistema que dice combatir.
El editorial sostiene que la dependencia energética exterior de Euskadi ronda el 90 %. Es un dato cierto, pero incompleto. Conviene recordar que apenas una quinta parte de la energía consumida en la Comunidad Autónoma Vasca corresponde a electricidad. El resto depende fundamentalmente de derivados del petróleo y del gas utilizados en transporte, industria, fertilizantes, uso de plásticos y calefacción. Pensar que la proliferación indiscriminada de polígonos industriales eólicos y plantas fotovoltaicas resolverá por sí sola este problema es una simplificación que no se sostiene.Además, mientras se insiste en la necesidad de aumentar la generación eléctrica, el propio consumo eléctrico lleva años descendiendo y, paradójicamente, en el estado español se está desperdiciando cantidades cada vez mayores de electricidad renovable porque la producción supera la demanda en numerosos momentos. Solo durante el pasado mes de junio se llegó a desaprovechar energía eléctrica equivalente al consumo anual de cuatro millones de hogares. Antes de ocupar montañas, bosques y tierras agrícolas con nuevos polígonos energéticos, convendría preguntarse si el problema es realmente de generación o de planificación del sistema.
También merece reflexión la promesa de que estos proyectos traerán prosperidad económica y soberanía energética a los territorios que los albergan. La experiencia de Comunidades con una elevada implantación de renovables, como Navarra, Extremadura o Burgos, no permite afirmar que esa riqueza se haya traducido en un desarrollo social proporcional ni en una mayor capacidad de decisión de la población local. La energía se produce allí, pero los beneficios se quedan en manos de las grandes empresas del sector energético que lo mismo hacen negocio con el petróleo que con las renovables a gran escala. Adquiriendo estas Corporaciones la condición de soberanas, no los pueblos que soportan la expropiación de terrenos, los impactos ambientales y paisajísticos.
El editorial reclama una mayor participación ciudadana. Difícil no compartir ese principio. Sin embargo, resulta contradictorio defender la participación cuando la legislación vigente, con la “Ley de Transición energética y cambio climático” del 2024, ha reducido significativamente la capacidad de decisión de Ayuntamientos y Concejos, precisamente las instituciones democráticas más próximas al territorio, gestoras y propietarias de los terrenos. No puede hablarse de gobernanza participativa si las comunidades locales únicamente son llamadas a opinar cuando las decisiones fundamentales ya están tomadas.
Otro aspecto apenas mencionado es el propio impacto material de las tecnologías renovables. Los aerogeneradores y las plantas fotovoltaicas no aparecen por generación espontánea. Su fabricación, instalación y transporte lleva asociada una importante huella de carbono además del consumo de enormes cantidades de acero, hormigón, cobre, silicio y minerales críticos (neodimio, cadmio, litio, plata…) cuya extracción genera importantes e injustos impactos ambientales y sociales en otros lugares del planeta. Cada gran aerogenerador necesita centenares de toneladas de materiales y cimentaciones masivas, además de kilómetros de pistas, zanjas y líneas eléctricas. Las placas solares, por su parte, exigen procesos industriales de elevada intensidad energética y consumo de materiales escasos, líneas de evacuación, etc... Reconocer esta realidad significa abandonar la idea, tan extendida como equivocada, de que son tecnologías ambientalmente inocuas.
El principal problema es otro. Se pretende combatir una crisis provocada por el crecimiento ilimitado aplicando exactamente la misma lógica que la originó: más producción, más infraestructuras, más consumo de recursos y más ocupación del territorio. Cambia la fuente de energía, pero permanece intacto el modelo económico basado en el crecimiento permanente e infinito.
La verdadera transición no consiste únicamente en sustituir combustibles fósiles por electricidad renovable. Exige reducir el consumo energético y de productos, mejorar la vida útil de los objetos, replantear los modelos de movilidad y de producción y priorizar el ahorro antes que la expansión continua de infraestructuras. Ninguna tecnología podrá sostener indefinidamente un modelo que consume recursos a un ritmo muy superior al que el planeta es capaz de regenerar.
Por eso preocupa especialmente la frase con la que concluye el editorial, cuando afirma que "a veces es mejor hacer las cosas mal que no hacerlas". Precisamente porque la transición ecosocial es imprescindible, no podemos permitirnos hacerla mal. Las decisiones que hoy se adopten afectarán a la Vida en el planeta. La urgencia climática no puede convertirse en una coartada para rebajar las exigencias ambientales ni para reducir el debate democrático.
Un capitalismo sostenible es una contradicción en los términos exactamente igual que un extractivismo responsable o una guerra humanitaria. Como escribió Txema Garcia en el muy recomendable artículo de opinión publicado en Naiz “El extractivismo comienza en ti y en mí”. La transición verdaderamente innegociable no es la que se limita a sustituir unas fuentes de energía por otras mientras mantiene intacto el mismo modelo económico. La auténtica transición innegociable es la que conduce hacia una sociedad capaz de vivir con un menor consumo de materiales y energía, garantizando el acceso equitativo a los bienes comunes en función de las necesidades de cada persona, no permitiendo su mercantilización, tal y como establece el art. 14 de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre de Montes (“Los montes del dominio público forestal son inalienables, imprescriptibles e inembargables y no están sujetos a tributo alguno que grave su titularidad”), y, por supuesto, respetando siempre los límites ecológicos y la capacidad de regeneración del planeta. Solo así será posible distribuir de manera justa tanto los beneficios como los costes de la transición.Porque defender el territorio no es oponerse a una transición. Es exigir que esa transición sea coherente con aquello que dice proteger: la naturaleza, el paisaje, la biodiversidad y las personas de todo el mundo.
La innegociable transición es la que debemos hacer hacia un nuevo modelo que no sea el capitalismo depredador del planeta. La capitulación de un medio de comunicación de izquierdas al capitalismo en general y al capitalismo verde en particular es inaceptable y preocupante. Os pedimos una reflexión.
